El Servicio Jesuita de Migrantes, la Fundación Migra Studium, ha denunciado de nuevo malos tratos en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), así como malas prácticas en la atención a la protección internacional y falta de acceso a servicios de salud para internos que necesitaban derivación a hospitales. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) cuenta con grupos de visitas a personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros de Madrid, Barcelona, Valencia y Algeciras.
Migra Studium ha recogido esas, entre otras, conclusiones en el informe de los CIE 2022 presentado este martes en el Síndic de Greuges de Barcelona, un análisis en el que, como en otros años, se insiste a las autoridades y representantes políticos en la necesidad de "cerrar" estos centros de internamiento ambulatorio.
En total, en 2022 hubo 2.082 personas internadas en los CIE de España, algo más que el año anterior (1.841), aunque todavía muy por debajo de las cifras pre COVID (6.473 en 2019) pues desde 2020 se redujo la cifra por medidas de prevención de contagios y por las políticas de readmisión de otros Estados origen de los extranjeros.
De las visitas que Migra Studium realizó en 2022, se observa, dice el informe, que la mayoría de los internamientos respondería a causas de expulsión con antecedentes penales o policiales, siendo mayoritarios los internos marroquíes y argelinos.
De esas personas, 44 internas eran mujeres, 23 de las cuales solicitaron protección internacional, solicitud que fue admitida a trámite en 9 casos. Del total de 2.042 internos, 1.276 sufrieron devoluciones forzosas, 1.072 fueron puestas en libertad y 54 salieron de los centros por otras causas no especificadas.
Con todo, la entidad apunta que hay una "proporción significativa de internos con orígenes diversos, incluso algunos con ciudadanía de la Unión Europea". "Preocupan los casos de perfiles para los que no procedería la medida de internamiento: ciudadanos UE o con régimen comunitario, solicitantes de protección en otros países, posibles menores, mujeres que han sufrido violencia de género, personas con largas trayectorias de arraigo", denuncian.
Asimismo, lamentan que haya personas internas que hayan sufrido "agresiones" y que a la hora de denunciar y pedir una investigación se hayan topado con "trabas". También destacan los casos de personas internadas con problemas de salud que no recibieron respuesta el servicio médica, "ni siquiera una derivación puntual al hospital".
Igualmente, denuncian haber observado malas práctica con algunas personas internadas que manifestaron su voluntad de solicitar protección internacional, esto es, estatuto de refugiado. "En vez de facilitar la entrevista correspondiente, hacerles firmar un documento en el que consta, con la puesta en libertad, su renuncia al procedimiento de protección", apuntan.
En el apartado de recomendaciones, más allá del propio cierre de los CIE, reclaman que en la contratación de los servicios sanitarios se sigan las recomendaciones del Defensor del Pueblo al respecto, teniendo en cuenta, especialmente, la atención necesaria a los problemas de salud mental de los internos.
Al mismo tiempo, apuntan que los jueces de control del CIE de Madrid sí acordaron en 2022 "importantes medidas relativas a la investigación de quejas y denuncias por malos tratos, a los procedimientos de solicitud de protección internacional, a los proyectos de carácter social, al derecho a la salud y a la protección de posibles víctimas de violencia de género". Migra Studium reclama que otros CIE y las autoridades judiciales y policiales sigan ese procedimiento.
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