"La falta de médicos está colapsando el sistema penitenciario". Así de contundente hablan los funcionarios de Botafuegos ante la alarmante desprotección sanitaria que padece la cárcel algecireña. Actualmente la prisión solo dispone de dos médicos para más de 1.000 reclusos. En plantilla hay tres, pero uno de los facultativos se encuentra de vacaciones.
Se trata de un déficit que por ahora tiene difícil solución. La dirección de Botafuegos ha intentado contratar nuevos médicos en los últimos días para reforzar la plantilla, pero ha sido imposible, ya que los facultativos no aceptan las complicadas condiciones de trabajo con jornadas maratonianas. La urgencia de disponer de un plantel de médicos acorde a las necesidades de Botafuegos no solo radica en la atención médica a los internos sino en todo el trabajo regimental que realizan los facultativos y que debido a la carencia no se está haciendo. Por ejemplo, un recluso en aislamiento debe ser supervisado por un médico, al igual que las huelgas de hambre o el reparto de la medicación y su seguimiento médico.
El déficit de médicos repercute directamente en los enfermeros que están asumiendo responsabilidades que no les competen e incluso en los propios funcionarios que están practicando una especie de triaje para filtrar las urgencias más perentorias a los dos médicos que actualmente están disponibles en el centro penitenciario. "El martes se autolesionó un interno y tuvo que ser atendido por un enfermero", explican desde Botafuegos.
La falta de médicos en la cárcel de Algeciras ha empeorado en los últimos años de manera alarmante. Antes la plantilla estaba compuesta por 10 médicos que incluso pasaban consulta semanal en cada uno de los módulos.
Capítulo aparte merece la salud mental. Solo hay un psiquiatra en la prisión, que además está contratado por la propia cárcel y no por Instituciones Penitenciarias. Un hecho lamentable si se tiene en cuenta que las necesidades psiquiátricas en una prisión son tremendas. "Se reparte mucha medicación psiquiátrica, hay reclusos que la toman desde edades muy tempranas y es básico realizar un seguimiento que no se puede hacer", indican.
Todo este déficit asistencial mantiene a la población reclusa con los ánimos caldeados. El pasado sábado se produjo un nuevo suicidio en el centro penitenciario que provocó una revuelta de presos para protestar por la falta de asistencia sanitaria. "Se quemaron ventiladores, se rompieron sillas y se profirieron insultos. Fue una situación muy complicada", expresan los funcionarios. Desde entonces hay mucho nerviosismo y quejas entre los reclusos. "Los médicos son fundamentales en una prisión. Es brutal la carga de trabajo y responsabilidad que tienen", señalan.
La solución pasa porque las Comunidades Autónomas cumplan su responsabilidad legal y asuman sus competencias en sanidad penitenciaria, sólo de este modo se podrán atender las necesidades de los internos y cumplir con la obligación encomendada a Instituciones Penitenciarias, la de velar por la vida, la integridad y la salud de los internos en prisión.
Según la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía”. Una ley que no se cumple en la mayoría de las comunidades.
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