El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores ha acogido este jueves, 5 de octubre, el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de octubre. Entre otros asuntos, se aprobó el nuevo contrato del servicio de Ayuda a Domicilio. Tras la celebración del Pleno Ordinario del mes de octubre, el primer edil, Juan Carlos Ruiz Boix, ha destacado del mismo “la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas” de las 181 trabajadoras de Ayuda a Domicilio, gracias a la aprobación del nuevo contrato de este servicio. Recordó que estas mujeres atienden a más de 500 personas dependientes en el municipio, de las que “son sus manos, su compañía y también su terapia”.
El nuevo contrato fue aprobado por unanimidad a la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A. Antes de discutirse el punto, tomó la palabra Ana Belén Arias Mena, presidenta del comité de empresa de Ayuda a Domicilio, quien pidió a la corporación su respaldo para frustrar la pretensión de la empresa Eulen de eliminar los pluses consolidados de las trabajadoras para así aumentar el salario base y que se equipare al recogido en convenio. En cuanto al punto en sí, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de San Roque concluyó que la oferta de Eulen Servicios Sociosanitarios SA era la que obtenía mayor puntuación en la licitación de este servicio de entre las tres ofertas presentadas. Se tuvo en cuenta no sólo lo relativo al precio hora del servicio, sino también cuestiones como organización y formación, y distintos compromisos y mejoras, como los relativos a los servicios de podología, peluquería, fisioterapia y psicología, entre otros. Se trata pues de que el Pleno de la Corporación de validez al acto licitatorio por el cual se adjudica a Eulen el servicio de Ayuda a Domicilio con un contrato de dos años de validez, hasta noviembre de 2025.
Explicó el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que el precio hora incluido en el contrato (una vez sumados los retrasos del IPC de los últimos años) ascenderá a 17,40 euros, más de 2 euros superior a los 15,22 euros que abona la Junta de Andalucía, por lo que la diferencia será asumida por el Ayuntamiento. Mostró su compromiso de instar a la empresa a que este incremento repercuta en una mejora de los salarios de las trabajadoras, y también se comprometió a trabajar desde ya para que la primavera próxima empiece a redactarse el pliego del contrato que regirá el servicio a partir de noviembre de 2025.
Por otro lado, durante la sesión se aprobó, con el único voto no a favor de VOX, la suscripción del convenio para la cofinanciación de los Centros Municipales de Información de la Mujer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha propuesto a las entidades locales la suscripción de unos convenios relativos a los centros municipales de información de la mujer, en los cuales se compromete a cofinanciar al 50% los sueldos de un personal técnico concreto. En San Roque funciona el Centro de Información a la Mujer (CIM) desde 1999, y siempre se ha contado con esta misma cofinanciación, por lo que se trata de formalizarla en un convenio con vigencia hasta 2026 (inclusive). En virtud de este convenio, por lo tanto, la Junta de Andalucía se compromete a aportar al Ayuntamiento la cantidad de 70.000 euros correspondiente a las retribuciones de 2023 de dos empleadas técnicas del CIM sanroqueño (agente de Igualdad/psicóloga y asesora jurídica), si bien dicho centro cuenta también con una coordinadora y personal administrativo adscrito, cuyos sueldos paga íntegramente el Consistorio. En el convenio también se recogerán las cantidades que se cofinanciarán para las anualidades de 2024, 2025 y 2026.
Otro de los puntos destacados fue la "Aprobación inicial del documento de innovación mediante modificación puntual del PGOU en el área NU-27 “Las Lomas de San Enrique” y su Estudio Ambiental Estratégico". Se trata de unos terrenos de 154.000 metros cuadrados de superficie catalogados como suelo no urbanizable y situados en San Enrique que se propone cambiar su categoría como urbanizable ordenado con destino a uso global terciario, principalmente comercial, aunque compatible con el uso industrial. De la citada superficie, más de 60.000 metros cuadrados se destinarán a actividades comerciales, y casi 8.000 se prevén como espacios libres, equipamientos y viarios. Se destinará a la implantación de equipamientos como una gasolinera y establecimientos de comida rápida, entre otros.
El punto en sí se aprobó con los 12 votos a favor del PSOE y las 9 abstenciones de los tres grupos de la oposición (PP, San Roque 100×100 y VOX).
Se trata, pues, de la aprobación inicial del documento, y la aprobación definitiva estará supeditada a los informes sectoriales que se van a solicitar a distintas consejerías de la Junta de Andalucía. También debe someterse el documento y el Estudio Ambiental Estratégico a información pública, por el plazo de un mes.
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