Representantes de la Comisión contra el trazado de las fotovoltaicas de Castellar de la Frontera, formada por partidos políticos locales, organizaciones conservacionistas y sindicales, cooperativas agrícolas, representantes de regantes y propietarios afectados, han mantenido una reunión con la parlamentaria andaluza Rocío Arrabal, el alcalde Adrián Vaca, y la diputada provincial, Ana Jarillo, en la que han valorado negativamente el dictamen ambiental del proyecto promovido por ADAR ENERGÍA, S.L. para la “LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN ADAR PUERTO DE SANTA MARÍA Y SUBESTACIÓN COLECTORA NUDO PINAR DEL REY” remitido por la Junta de Andalucía.
Los miembros de la plataforma han manifestado su disconformidad con el dictamen ambiental elaborado por el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul relativo a la solicitud de obtención de la Autorización Ambiental Unificada para dicho proyecto.
La plataforma exige a los órganos competentes en la materia de la Junta de Andalucía que tome en consideración el grueso de alegaciones presentadas al trazado del proyecto fotovoltaico que discurre por los términos municipales de San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque sobre las propiedades agrícolas cuya expropiación amenazaría la generación de empleo y riqueza que hoy sustentan. Una valoración que comparten los responsables socialistas y que trasladarán al Parlamento andaluz a través de una proposición no de Ley en la comisión de Medio Ambiente donde pedirán el respaldo de todos los grupos políticos a las demandas del colectivo.
Según les han informado, la Comisión ya se encuentra elaborando nuevas alegaciones al dictamen ambiental para presentarlas en los próximos días, sin que hayan descartar organizar un calendario de nuevas movilizaciones en las próximas semanas en caso de que no atiendan a sus reclamaciones.
Tal y como en otras ocasiones se ha manifestado y comparte la plataforma, es preciso que exista una autoridad ordenadora que evite la indefensión de los municipios ante el impacto de este tipo de instalaciones de ahí que reclamen a la Junta de Andalucía que ordene y normalice los proyectos de las energéticas renovables para que su planeamiento sea el más adecuado y menos perjudicial para los intereses de los territorios en los que se van a implantar.
Consideran “clave” que estas industrias renovables sean limpias y sostenibles, garantizando el menor impacto sobre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de los pequeños municipios andaluces como Castellar de la Frontera.
Forman parte de esta comisión, los agricultores afectados por las líneas de evacuación, los grupos políticos presentes en la corporación municipal, PSOE e Izquierda Unida, las comunidades de regantes de Castellar de la Frontera, la organización agraria COAG, representantes de las cooperativas de San Martín del Tesorillo, Castellar y Jimena de la Frontera, Agaden y Verdemar y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT.
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