El Grupo Comarcal Socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha presentado este viernes un Recurso de Reposición contra el acuerdo plenario del pasado 10 de octubre, en el que se aprobó, con el voto de calidad de la Presidenta, el contrato de abastecimiento de agua potable de La Línea de la Concepción. El PSOE considera que dicho acuerdo es “lesivo” y “contrario a Derecho”.
En su escrito, los socialistas subrayan que se omitieron los informes preceptivos del Consejo Consultivo de Andalucía, un trámite que califican de “obligatorio” y “esencial”, cuya ausencia podría suponer la nulidad del acto administrativo.
Citan además la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1980, que establece que el dictamen del Consejo Consultivo debe preceder a la resolución “para ilustrar al órgano decisor”, en este caso, la Junta de Comarca.
Según el PSOE, al Pleno se le “hurtó” esa información preceptiva, lo que “vicia de origen” la aprobación del expediente.
La portavoz socialista, Lucía Trujillo, explicó que la inexistencia del informe del Consejo Consultivo “debió suponer la suspensión de la resolución del expediente en tanto no se recibiera dicho dictamen”. Por ello, el grupo socialista entiende que “procede declarar nulo de pleno derecho” el acuerdo aprobado gracias al voto de calidad de la Presidenta.
En el recurso, firmado por Trujillo, se solicita la revocación del acuerdo plenario y el inicio de un nuevo procedimiento que cumpla con la legalidad y la normativa de contratación pública.
El PSOE argumenta que la licitación aprobada no cumple con los principios de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, cuyo objetivo es garantizar la transparencia y la libre competencia.
El texto denuncia que el procedimiento “impide la libre concurrencia competitiva” e introduce un “sesgo” que favorece a determinadas empresas, lo que vulnera el artículo 1 de la Ley de Contratos, que exige igualdad de trato entre licitadores y la selección de la oferta más ventajosa.
Durante el Pleno del 10 de octubre, el contrato fue definido como una concesión de servicios que obliga a la empresa adjudicataria a ejecutar obras de mejora en la red de abastecimiento por valor de 8 millones de euros.
Según el PSOE, estas condiciones provocarán un desequilibrio económico en los primeros cuatro años, que resultará “inviable para cualquier empresa que no tenga una gran capacidad financiera”.
Los socialistas advierten además de que las inversiones, que se amortizarán en 25 años, terminarán siendo financiadas por los ciudadanos, mientras que la empresa adjudicataria “asumirá un coste cero”.
El acuerdo fue aprobado en el Pleno de la Mancomunidad gracias al voto de calidad de la Presidenta, al no haberse alcanzado mayoría suficiente.
El PSOE cuestiona que se haya validado un contrato que, según los informes de los propios asesores jurídicos, incluye obras que no pueden ser objeto del contrato y que incumplen la legislación vigente en materia de contratación pública.
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