Tras observar cómo desde la Vicepresidencia Primera y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, han puesto en marcha actuaciones encaminadas a la reparación de las víctimas del Franquismo y la Transición, notamos la ausencia evidente de las miles de madres, víctimas primarias por las desapariciones forzadas de nuestros hijos, víctimas de la tortura obstétrica el día de nuestros partos, víctimas del delito de odio hacia las madres solteras y “malcasadas”, víctimas del delito de género, víctimas inocentes en manos de toda una estructura bien anclada y que fueron sometidas a unas prácticas por todos conocidas pero ignoradas (prueba de ello es la declaración sin rodeos en el preámbulo de la Ley de Adopciones 21/1987 de 11 de noviembre, que reza literalmente así: “…Esta ausencia de control permitía en ocasiones el ODIOSO TRÁFICO DE NIÑOS, denunciado en los medios de comunicación, y daba lugar, otras veces, a una inadecuada selección de los adoptantes.”).
observamos estupefactas y doblemente victimizadas por la falta de atención en cada uno de los actos de reparación que se han iniciado como consecuencia de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Contemplamos como de nuevo somos las proscritas y olvidadas por nuestro Estado ya que la presencia de las madres y demás familiares, víctimas de los llamados “bebés robados”, es casi testimonial.
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