El Mercado de La Concepción volvió este jueves al salón de plenos del Ayuntamiento de La Línea convertido en algo más que un punto del orden del día. La adjudicación del contrato de concesión del servicio del mercado, expediente nº 66/25, llegaba a votación después de años de espera, retrasos, incertidumbre y malestar entre los comerciantes. Y lo hizo en un ambiente cargado, con tensión en la sala, murmullos y reproches durante las interveciones del grupo 100×100, recayendo gran parte en Manuel Abellán y Juan Franco.
El punto salió adelante en el pleno ordinario del mes de julio, con la abstención del Grupo Socialista y del Partido Popular. La votación permitió al Ayuntamiento avanzar en la adjudicación de la concesión, aunque el debate evidenció que el conflicto está lejos de cerrarse. En la sala, la presencia de comerciantes volvió a recordar que detrás del expediente hay familias, negocios y años de provisionalidad en el mercado instalado en el Bulevar 20 de Abril.
La oposición pidió dejar el asunto sobre la mesa ante la existencia de recursos judiciales pendientes y la incertidumbre sobre el futuro de los vendedores. Desde el Grupo Socialista se advirtió de que el expediente llega al pleno con procedimientos aún sin resolver y se defendió que lo prudente habría sido esperar. También se cuestionó el modelo elegido por el Ayuntamiento, apostando por una gestión pública y con mayor control municipal para garantizar la protección de los comerciantes.
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la futura entrada de los vendedores en el nuevo mercado. La oposición puso sobre la mesa que del antiguo mercado salieron más de un centenar de puestos, mientras que el nuevo edificio contempla 54. A ello se suma que muchos comerciantes no trabajaban con un único puesto, sino con dos, tres o incluso cuatro, por lo que se cuestionó cómo podrá aplicarse realmente ese trato preferente anunciado por el Ayuntamiento cuando la concesión quede en manos de una empresa.
La desconfianza hacia la concesionaria fue otra de las claves de la sesión. Desde la oposición se expresó abiertamente el temor a que una empresa externa, que asume la gestión con criterios empresariales, no priorice los intereses de los comerciantes tradicionales. “Vienen a ganar dinero”, se llegó a señalar durante el debate, en referencia a una de las principales preocupaciones de los vendedores: que el mercado pierda su esencia de servicio público y se convierta en un espacio gestionado bajo una lógica puramente económica.
El equipo de gobierno, por su parte, defendió que la existencia de recursos judiciales no paraliza automáticamente un procedimiento administrativo. La edil responsable sostuvo que, mientras no exista una suspensión cautelar acordada por un juez, el Ayuntamiento debe continuar actuando conforme a derecho y culminar los trámites en marcha. En su intervención apeló a la seguridad jurídica, al normal funcionamiento de la administración y a los derechos de todos los interesados, incluida la empresa que ha concurrido a una licitación pública y ha resultado propuesta como adjudicataria.
La defensa del procedimiento provocó tensión en la sala. Entre murmullos y reproches, algunos comerciantes lamentaron sentirse señalados, después de asegurar que en redes sociales se les ha llegado a tachar de violentos. El malestar no se limitó a las condiciones económicas o al número de puestos, sino también al trato recibido durante un proceso que consideran largo, desgastante y poco sensible con quienes han sostenido durante décadas la actividad del mercado.
Durante el debate también se hizo referencia a posibles nuevas acciones legales por parte de los comerciantes, que mantienen abierto el frente judicial contra distintas decisiones relacionadas con el proceso. La oposición insistió en que serán los tribunales quienes puedan tener la última palabra y apeló a los concejales a votar “en consecuencia” antes de levantar la mano.
Frente a ello, el Gobierno local defendió que dejar el expediente sobre la mesa supondría retrasar aún más la puesta en marcha de un edificio ya rehabilitado, con una importante inversión pública detrás y con una ciudadanía que lleva años esperando la reapertura del Mercado de La Concepción. También recordó que las condiciones previstas incluyen seis meses de carencia a coste cero, una implantación progresiva de la tasa durante los cuatro primeros años y aportaciones municipales para compensar los costes durante la vigencia del contrato.
La sesión dejó una imagen clara: el Ayuntamiento avanza en la adjudicación de la concesión, pero el mercado sigue siendo una herida abierta en La Línea. Para el equipo de gobierno, este paso es necesario para reactivar el edificio y culminar un proceso largamente esperado. Para los comerciantes, el temor es otro: volver a un mercado que ya no reconozcan, con menos puestos, más incertidumbre y una empresa al frente en la que no confían.
La votación permite continuar el procedimiento administrativo, pero no pone fin al conflicto. Al contrario, el pleno volvió a demostrar que el verdadero debate no está solo en cuándo abrirá el Mercado de La Concepción, sino en qué mercado abrirá, quién podrá volver y si el nuevo modelo será capaz de mantener viva la esencia comercial, social y popular de uno de los espacios más emblemáticos de La Línea.
