El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha abordado este miércoles la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) el proyecto residencial Albacerrado, que prevé la construcción de 514 viviendas en Tarifa de las que más de la mitad (55%) se reservarán para vivienda protegida.
Se trata de la primera iniciativa residencial que se acoge a esta fórmula que se introdujo en el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y en la Ley de Vivienda de Andalucía. El Gobierno andaluz defiende esta iniciativa con el propósito de agilizar la ejecución y puesta en marcha del proyecto.
El artículo 25 de la Ley de Vivienda de Andalucía contempla la inclusión en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de determinadas iniciativas residenciales. Para ello, los proyectos deben contar con al menos 250 viviendas protegidas o proyectos de más de 500 viviendas con reserva de suelo para vivienda protegida y la obligación de iniciar la construcción del 50% de las mismas en un plazo inferior a cinco años, según una nota del Gobierno andaluz.
La Junta de Andalucía ha explicado que esta iniciativa residencial, promovida por la entidad Investment Real Estate Tarifa, se ajusta a esos requisitos legales al señalar en este sentido que "tiene por objeto el desarrollo urbanístico del Sector ATU-TA-01 Albacerrado y la construcción de 514 viviendas, de las cuales 283 estarán destinadas a vivienda protegida, incluyendo las cesiones obligatorias al Ayuntamiento".
Argumenta también la Administración autonómica que "al menos la mitad de las viviendas protegidas serán de régimen especial, de acuerdo con las directrices del Plan de Vivienda de la Junta de Andalucía (Plan Vive en Andalucía)" y que de este modo "se refuerza el marcado carácter social del proyecto en un territorio con una elevada demanda residencial".
El proyecto constituye la primera fase de una iniciativa residencial de mayor alcance, que prevé en conjunto aproximadamente 1.000 viviendas, compartiendo infraestructuras y dotaciones, por lo que ha señalado "el carácter estructurante de esta primera actuación".
La intervención se ampara expresamente en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, que identifica el ámbito de El Guijo-Albacerrado como área de oportunidad estratégica para el desarrollo residencial, estableciendo una reserva mínima de vivienda protegida que la propuesta presentada cumple e incluso supera.
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE INVERSIÓN
Desde el punto de vista económico y social, el proyecto supone una inversión de 131,76 millones de euros y apunta la creación de 454 puestos de trabajo directos durante las obras de urbanización de los suelos como de la construcción de las promociones. A estos se suman otros 14 empleos indirectos asociados a la ejecución del proyecto.
Defiende el Gobierno andaluz que este proyecto "tendrá un efecto dinamizador sobre la economía local y comarcal" porque favorecerá "la creación de empleo indirecto inducido y el impulso de actividades económicas vinculadas".
Apunta la Junta de Andalucía que la incorporación del proyecto de Albacerrado en la UAP impulsará, coordinará y agilizará la tramitación administrativa, ya que la Unidad Aceleradora de Proyectos "acompaña a la entidad promotora hasta la puesta en marcha del proyecto, manteniéndola informada de la situación de cada trámite administrativo".
Para conseguir este objetivo se hace un estudio pormenorizado del proyecto, de la normativa aplicable, de todas las autorizaciones o permisos que va a necesitar hasta su puesta en marcha y de todos los organismos implicados en la tramitación.
Sigue la Junta explicando que con esos datos se elabora un exhaustivo cronograma consensuado con la entidad promotora y se afana en su cumplimiento hasta su puesta en marcha. En este sentido, es fundamental su papel en materia de simplificación administrativa y de mejora de la administración territorial.
Esta línea de asignación de proyectos residenciales en la UAP forma parte del conjunto de medidas normativas y estratégicas impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda orientadas a incrementar de manera urgente la oferta de vivienda a precios asequibles, agilizando los procedimientos urbanísticos y favoreciendo la colaboración público-privada.
Entre ellas, se encuentra la aprobación del Decreto ley 1/2025 de Vivienda, que ha desarrollado una serie de acciones en materia de suelo y de impulso al sector con el objetivo de contar con 20.000 nuevas viviendas protegidas en el plazo de cinco años.
El 24 de enero entró en vigor la Ley de Vivienda de Andalucía, que se ha marcado el objetivo de aportar soluciones al reto de la vivienda sobre cuatro pilares: incrementar la oferta de VPO (con ayudas y medidas como las áreas prioritarias) e impulsar la rehabilitación, facilitar que haya más suelo, tener menos burocracia asociada a la vivienda y dar mayor seguridad jurídica a los propietarios.
