El Ayuntamiento de Algeciras está estudiando emprender acciones legales contra la portavoz del PSOE en el consistorio, Rocío Arrabal, por lo que se considera revelación de información confidencial en el transcurso de la rueda de prensa que ofreció ayer martes, según han informado la teniente de alcalde delegada de Contratación, Paula Conesa, y la Secretaría General de la institución.
En esa comparecencia ante los medios de comunicación, Arrabal informó de determinados aspectos relacionados con la Mesa de Contratación del Ayuntamiento y la adjudicación de las obras del puente del río Pícaro, aprovechando su condición de invitada sin voto a las sesiones de este órgano municipal. Al respecto, desde la Casa Consistorial se indica que “por un lado, faltó a la verdad indicando que uno de los lotes de la adjudicación había quedado desierto, y por otro, facilitó a la opinión pública datos que son confidenciales, quebrando así la obligación que tienen los concejales de mantener el secreto de las deliberaciones”.
Se da la circunstancia que en la sesión que mañana jueves celebrará la Mesa de Contratación pasará esta licitación, que se recuerda no está concluida, ya que se encuentra pendiente de adjudicación, al estar formada por tres lotes.
Por un lado, se considera que Arrabal ha vulnerado el artículo 16.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que indica textualmente que “los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.
Asimismo, la portavoz municipal socialista habría contravenido el artículo 22 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Algeciras, que recoge literalmente que “los concejales tienen la obligatoriedad de preservar la confidencialidad de la información que se les facilite para el desarrollo de su función. Especialmente, habrán de guardar reserva por lo que respecta a la información que pueda afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos por la Constitución”.
Para los responsables municipales, dar a conocer información que no es pública de un órgano reglado como la Mesa de Contratación, que es constantemente supervisado por la Ley de Transparencia, puede poner en grave riesgo no solo las actuaciones y decisiones que emanan de él, sino la credibilidad del Ayuntamiento de Algeciras como institución, por lo que se está estudiando esa posibilidad de iniciar acciones legales contra Rocío Arrabal.
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