El Gobierno defiende el requisito del conocimiento del catalán para el acceso a puestos públicos, pero avisa de que este "no puede ser desproporcionado ni injustificado", debe ir acompasado a las características de la tarea a desempeñar y "estar orientado a la garantía de los derechos de la ciudadanía, en particular sus derechos lingüísticos".
Así ha respondido el Ejecutivo a una pregunta planteada por la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien se interesó por el caso de Begoña Suárez, una enfermera gaditana del hospital barcelonés Vall d'Hebron que denunció a través de un video que se le exigiera un nivel C1 de catalán para opositar y a la que no se le renovó el contrato.
Arrimadas pidió explicaciones al Gobierno por esta circunstancia, que acabó con el despido de la profesional sanitaria a la que no se renovó el contrato. La dirigente 'naranja' considera que fue un "despido ideológico" del que responsabiliza a la Generalitat y pidió al Gobierno que apercibiera al Ejecutivo autonómico por el "señalamiento" a la enfermera.
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