El sindicato Acaip denuncia la incautación durante el pasado fin de semana en la cárcel de Botafuegos un total de 10 teléfonos móviles y 75 gramos de hachís, tras las revisiones de celdas y cacheos, ordenados por la dirección de la prisión. La orden se produce tras escuchar "por enésima vez" por el walkie, y en repetidas ocasiones, 'Código 2', que es sinónimo para todos los empleados penitenciarios de ejecutar el protocolo contra drones. Durante el fin de semana los funcionarios han observado varios avistamientos de vehículos aéreos no tripulados que portaban mercancías prohibidas y que han depositado en el interior de la prisión.
El 'modus operandi' empleado por el interno se repite, se ponen en contacto con grupos organizados que trabajan los drones, a los que se les hace el pedido de objetos y sustancias prohibidas, previo abono, y estos lo ponen en el lugar indicado, convirtiéndose así en un servicio de pago. El Consejo de Dirección del Establecimiento de inmediato ha aplicado a los internos involucrados, las limitaciones regimentales pertinentes para asegurar la seguridad y buen orden del Establecimiento, remitido los hechos al Juzgado de Guardia, así como la petición de traslado a otros Centros Penitenciarios que sean más acordes a las características penitenciarias de los implicados. En ese sentido, el sindicato Acaip estará pendiente de la resolución que tome la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Acaip, desde hace unos años y de forma repetida e incansable, denuncia que el empleo de drones no siempre tiene buenos fines, se utilizan también con ánimo doloso para sobrevolar establecimientos públicos sensibles, como son los Centros Penitenciarios, donde se desarrollan servicios públicos esenciales, que redundan en la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos. Entre la multitud de necesidades que requiere Instituciones Penitenciarias, siempre ha sido denominador común instalar inhibidores de frecuencia de última generación, los actuales están fuera de servicio y obsoletos, es como si no hubiere ninguna cortapisa para que el interno utilice un móvil, como también disponer de medios técnicos que eviten a drones sobrevolar el espacio aéreo de las cárceles del país acompañado de la legislación adecuada.
La Sección Sindical Acaip ha hecho conocedor de las denuncias al ministro Marlaska que "ni siente ni padece la deriva carcelaria, al Subdelegado del Gobierno de Cádiz que ni está ni se le espera y al Jefe de las prisiones españolas, el cual está dentro de los 60 altos cargos mejor pagados de la Administración del Estado pero que es incapaz de solventar los problemas que azotan a diario tanto a las cárceles como a sus trabajadores".
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