Se cumple el sexto día de la convocatoria de huelga indefinida general por parte de los funcionarios del sector de Justicia. Este lunes, con motivo de la continuación del macrojuicio de Los Castaña en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, se han concentrado a las puertas para que "se oiga al 93% de los funcionarios que forman parte de esta adiminstración". El responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, se ha personado para unirse a "tres años" de reivindicaciones "no atendidas por el Ministerio de Justicia".
"Seguimos reclamando el reconocimiento de las funciones reales que realizamos a diario con profesionalidad, responsabilidad y especialización de nuestros cuerpos generales que no ha sido reconocida", ha incidido el responsable de CSIF Cádiz. Así, ha anunciado que el propósito, desde el sindicato, es "paralizar la imposición" de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, al entender que "no ha habido negociación alguna", por lo que, "pone en riesgo puestos de trabajo, destinos, una movilidad forzosa y las retribuciones de todos los cuerpos generales".
La primera jornada de huelga general de los funcionarios y funcionarias de Justicia comenzó el pasado lunes, 17 de abril, con paros entre las 10.00 y las 13.00 horas, convocada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia-, junto a STAJ, CCOO y UGT, para exigir el reconocimiento profesional y retributivo de los funcionarios, y contó con un seguimiento del 85% por parte de los 1.500 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio que dirige Pilar Llop que hay en toda la provincia de Cádiz.
Según las estimaciones de CSIF, de continuar esta situación, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado por esta primera jornada de huelga. Los paros parciales se han sentido sensiblemente en numerosas instancias judiciales de toda España y de Andalucía, como los juzgados de guardia, los juzgados de lo Social, los juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, los registros civiles, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La central sindical lamenta las molestias que estos paros han causado a la ciudadanía en un servicio tan fundamental como es el de la Justicia, pero el Ministerio de Justicia es "el único responsable de la situación por su nula voluntad de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una propuesta para definir sus funciones, así como una subida salarial justa, en línea con el acuerdo firmado con los letrados".
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