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Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras han llevado a cabo la incautación de más de 400 kilos de hachís hallados en el interior de una vivienda abandonada en la barriada Padre Flores de la localidad que era utilizada como "narcoguardería".

Fruto de las investigaciones desarrolladas tras el hallazgo, se ha logrado detener a una persona vinculada con los hechos, la cual pasó a disposición judicial la mañana del 27 de agosto, ha indicado la Policía en una nota.

La organización criminal que se encontraba detrás de la introducción en el país de dicha sustancia, empleaba la vivienda como lugar de ocultamiento, con el fin de eludir el control policial e impedir la identificación de los responsables. En el interior del inmueble fueron localizados diez fardos de hachís, que quedaron intervenidos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Esta incautación se enmarca dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y se suma a otras operaciones desarrolladas recientemente por la Policía Nacional en la zona.

Dichas actuaciones han permitido anticiparse a varios intentos de alijo en playas, practicando diversas detenciones y logrando abortar operaciones de introducción de droga mediante embarcaciones rápidas, como ha apuntado la Policía Nacional.

En los últimos años se había constatado la utilización de nuevas rutas de introducción de cocaína y hachís en grandes cantidades, especialmente a través de la costa de Huelva y del río Guadalquivir, en un intento de las organizaciones de diversificar sus puntos de entrada y esquivar la presión policial ejercida en el Campo de Gibraltar.

No obstante, como se ha recordado, la comarca continúa siendo un punto caliente y estratégico para las redes criminales que operan en el Estrecho.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso y absuelto a un condenado, con nueve años de cárcel, por la Audiencia Provincial de Cádiz que lo consideró como el coordinador de una organización –con nueve detenidos más– para introducir en España 1.469 kilos de cocaína en un contenedor por el puerto de Algeciras procedente de Costa Rica. El alto tribunal considera que la aceptación de la prueba indiciaria no es suficiente como prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan a principio de agosto de 2020 cuando la Guardia Civil tras inspeccionar un contenedor en el puerto de Algeciras interceptó el cargamento de droga. Así, tras realizar un seguimiento vigilado lograron detener a diez personas en relación a dicha carga.

Uno de los detenidos, aunque no tuvo contacto cercano con el contenedor durante el seguimiento realizado por la Guardia Civil, fue considerado por la Audiencia como el responsable de encargarse supuestamente de la coordinación de todos los detenidos en virtud del concierto previo que habían alcanzado en orden a la importación, transporte y posterior distribución de la droga, "impartiéndoles instrucciones en su domicilio y a través de mensajes de móvil, especialmente a uno de ellos –familiar–, que le iba informando de los avatares relativos al seguimiento de la carga desde la llegada al puerto hasta que se produjo la detención de las personas que escoltaron al contenedor hasta el punto donde fue interceptado, en un polígono industrial de Estepona".

La sentencia de la Audiencia expone que los investigadores tenían constancia de que mantenía contactos con organizaciones sudamericanas proveedoras de droga, considerándolo líder de la organización y coordinador de la entrada de cocaína a través del puerto de Algeciras.

Asimismo, señala que tras los seguimientos realizados a los demás miembros y habiendo observado la entrada y salida de varios de ellos en su domicilio, deduce la Audiencia que este acusado desde su vivienda coordinaba los controles y las vigilancias a realizar sobre el camión que transportaba el contenedor con la droga, impartiendo las instrucciones precisas a su familiar, que reconoció los hechos que se le imputaban en virtud del pacto alcanzado con el Ministerio fiscal.

Por todo ello, fue condenado junto a varios de los detenidos a nueve años de prisión, por lo que presentó recurso ante el TSJA alegando, entre otras cuestiones, falta de motivación de la sentencia. En este sentido, el alto tribunal andaluz ha dado la razón al recurrente al señalar que "aparte de las manifestaciones realizadas por el instructor aludiendo a ciertas informaciones que apuntaban a que el acusado se venía dedicando al tráfico de estupefacientes en colaboración con organizaciones criminales establecidas en América del Sur, lo que no constituye indicio alguno sino meras sospechas necesitadas de acreditación", la Audiencia se basó los contactos mantenidos con otros miembros.

Así, hace referencia a los tres contactos que mantuvo con su familiar, autor confeso del delito, estando presentes en una de ellas dos de los condenados (cuando el contenedor ya había sido inspeccionado y estaba a la espera de ser despachado para salir del puerto), y otra estando ya el camión que transportaba el contenedor estacionado en un parking.

A juicio del TSJA, "sin resultar descabellada la deducción alcanzada, no concurren los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la aceptación de la prueba indiciaria como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de un único indicio que carece de especial potencia demostrativa en cuanto que no excluye de forma rotunda otras hipótesis alternativas". Por ello, lo absuelve del delito contra la salud pública y por tanto de los nueve años de prisión con que había sido condenado.

Por otra parte, el TSJA mantiene la condena dictada por la Audiencia para el resto de los procesados, con penas de entre nueve años de prisión –para cuatro de ellos– y seis años y nueve meses de cárcel para los cinco restantes.

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de Europol, han desmantelado una red criminal asentada en Algeciras y Ceuta que operaba en el Estrecho de Gibraltar dedicándose presuntamente al tráfico de personas y sustancias estupefacientes mediante el método de las "cargas mixtas".

En una nota de la Policía se ha informado de que durante la operación policial se ha procedido a la detención de ocho personas, una de ellas menor de edad, y se ha intervenido, entre otros objetos, 22 kilos de hachís y 10.800 comprimidos de clonazepam, utilizado para elaborar la droga conocida como karkubi o "droga de los pobres".

La organización criminal utilizaba embarcaciones de fibra pilotadas "en muchas ocasiones" por menores de edad para transportar migrantes y droga desde Marruecos hasta territorio español. Cada migrante podía pagar hasta 14.600 euros si accedían al "pack completo", que incluía todos los desplazamientos y estancias entre el país africano y España u otros países europeos.

Así, se les considera responsables de la entrada clandestina de al menos 200 migrantes marroquíes. Solo con el tráfico de personas, la organización habría obtenido más de dos millones y medio de euros de beneficios.

La investigación policial ha permitido constatar la existencia de una amplia estructura transnacional implicada en todas las fases del tráfico de personas, con ramificaciones tanto en Marruecos como en territorio español.

En una primera fase la red operaba desde Marruecos, donde hospedaban a los migrantes en la localidad de Castillejos. Desde aquí, se organizaba el pase inicial de los migrantes a través del mar mediante embarcaciones precarias o incluso a nado, en condiciones extremadamente peligrosas, haciendo uso de 'scooteres' subacuáticas para facilitar el cruce de la frontera del Tarajal sin ser detectados.

Una vez lograban franquear la frontera marítima desde Marruecos, los migrantes eran trasladados de forma clandestina en vehículos hasta los denominados "pisos de seguridad" en Ceuta, donde eran retenidos contra su voluntad hasta que abonaban la totalidad del importe pactado por el viaje, que podía ascender hasta 14.600 euros según el país de destino final.

Durante este periodo muchos de ellos permanecían "en condiciones precarias, con escaso acceso a alimentos y bajo constantes amenazas", como ha indicado la Policía, añadiendo que eran liberados cuando las condiciones meteorológicas permitían realizar la travesía marítima hacia la costa gaditana de Algeciras. Aprovechando estos desplazamientos, la organización incrementaba el beneficio económico transportando simultáneamente grandes mochilas con sustancias estupefacientes.

La peligrosidad de las travesías radicaba en el uso de embarcaciones de fibra pilotadas por personas sin experiencia, incluidos menores de edad seleccionados y adiestrados por la propia red. Estas embarcaciones carecían de chalecos salvavidas, dispositivos de navegación o cualquier medida de seguridad, y solían operar en condiciones climáticas adversas.

En muchos casos, el número de personas transportadas superaba la capacidad de las embarcaciones, que unido al incremento de peso por la droga cargada, multiplicaba el riesgo de naufragio.

Los pesquisas llevadas a cabo por los investigadores han permitido acreditar que el entramado criminal fletaba embarcaciones con "cargas mixtas", transportando simultáneamente migrantes y drogas, principalmente hachís, para de esta manera diversificar y maximizar sus beneficios.

En la fase final de la operación, en la que ha participado más de un centenar de agentes, se ha efectuado una inspección y seis registros domiciliarios en Algeciras, Ceuta e Ibiza (Islas Baleares). En uno de los registros en la ciudad autónoma de Ceuta, en el barrio del Príncipe, se han intervenido 7 kilos de hachís y 10.800 comprimidos de un clonazepam.

El total de los efectos intervenidos en los registros asciende a 22 kilos de hachís, 10.800 comprimidos de clonazepam, 47.000 euros en efectivo, dos embarcaciones, cinco vehículos, diversas joyas, garrafas de gasolina y varias armas blancas.

ESTRUCTURA JERARQUIZADA EN TRES NIVELES 

La Policía ha explicado que la organización criminal desarticulada poseía una estructura jerárquica definida en tres niveles. En la cúspide se encontraban dos individuos que ejercían el control estratégico y financiero de las operaciones, uno operaba desde Ibiza y otro desde Ceuta. Ambos han sido detenidos y están en prisión provisional.

Desde esta posición se encargaban de coordinar las rutas, establecer contactos en ambos lados de la frontera y gestionar los pagos exigidos a los migrantes.

En el segundo nivel estaban los encargados del cruce marítimo, incluidos menores de edad adiestrados como pilotos y personas que guiaban a los migrantes a nado con 'scooteres' subacuáticos para eludir los controles fronterizos.

El tercer nivel comprendía a aquellos individuos que prestaban apoyo logístico en tierra. Estos eran los encargados del traslado de los migrantes hasta pisos de seguridad y vigilancia de los mismos, custodiaban sustancias estupefacientes y efectuaban el cobro de los pagos por la travesía.