La organización Verdemar–Ecologistas en Acción ha denunciado que Gibraltar ocupa ilegalmente más del 20 % de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, convirtiendo la zona en lo que califican como una “gasolinera flotante” del Mediterráneo.
Según el informe presentado por la asociación, Gibraltar incumple de manera sistemática las normas establecidas en el Anexo 1 del Plan de Usos de la ZEC, en especial en la zona conocida como el Búnker. Allí, buques petroleros, butaneros y cargueros realizan bunkering (suministro de combustible), una actividad expresamente prohibida por el artículo 10 del plan, que veta el fondeo permanente de buques tanque dentro del espacio protegido.
Un puerto de bunkering sin control
Pese a la normativa, Gibraltar se ha consolidado como el puerto de bunkering más grande del Mediterráneo, trasvasando más de 4 millones de toneladas de hidrocarburos al año. La actividad se desarrolla sin las medidas de seguridad necesarias, fomentando el uso de fondeaderos exteriores irregulares que amenazan la biodiversidad del Estrecho y del Mar de Alborán.
La organización ecologista alerta sobre los impactos ambientales y socioeconómicos que provoca esta actividad: vertidos y accidentes frecuentes en el Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032, daños a la pesca artesanal y riesgos para el turismo en la Costa del Sol.
Expansión de fondeaderos ilegales
Tras el accidente del buque Fedra en 2007, Gibraltar ocupó un fondeadero exterior de 400 hectáreas a dos millas al este del Peñón, dentro del LIC Estrecho Oriental. En 2025, planea ampliar su huella con un nuevo fondeadero de más de 1.000 hectáreas, también dentro del espacio protegido de la Red Natura 2000.
La presión se intensifica debido a que decenas de buques esperan a muy baja velocidad en el Mar de Alborán antes de ser avituallados, generando un constante tráfico marítimo que aumenta el riesgo de accidentes y vertidos.
“Gasolinera flotante” en aguas protegidas
“Gibraltar ha convertido el Estrecho en una gasolinera flotante entre el Atlántico y el Mediterráneo, colonizando aguas en litigio, degradando un espacio protegido de la Red Natura 2000 y actuando al margen de la normativa europea y española”, denuncian desde Verdemar–Ecologistas en Acción.
La organización exige al Gobierno de España y a la Comisión Europea que actúen con urgencia para frenar estas actividades ilegales, restaurar los daños ambientales y garantizar la protección de un espacio marino de importancia internacional para la biodiversidad.
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