El gibraltareño J. M. C., de 38 años, residente en George’s Lane, ha comparecido este viernes 13 de marzo ante la Corte Suprema, donde ha sido condenado a dos años y siete meses de prisión por un delito de lesiones graves con premeditación.
La acusación se deriva de un incidente violento ocurrido el 15 de octubre de 2024, en el que la víctima sufrió lesiones graves en la cara, las costillas y el pecho.
La compleja investigación posterior llevada a cabo por detectives del Departamento de Investigación Criminal (CID) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) incluyó exámenes forenses, análisis digitales y un examen exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad, mientras los agentes trabajaban para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente.
La investigación del CID condujo a la identificación, detención y acusación de J. M. C., quien posteriormente se declaró culpable.
Verdemar Ecologistas en Acción considera que el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que regula la cooperación nuclear civil en Gibraltar resulta insuficiente para garantizar la seguridad del Campo de Gibraltar, al no contemplar las operaciones militares ni la presencia de submarinos de propulsión nuclear en el puerto del Peñón.
Según explica el colectivo, el acuerdo establece determinados estándares de seguridad y mecanismos de notificación en caso de accidentes nucleares de carácter civil. No obstante, el texto se refiere exclusivamente a materiales nucleares civiles, que previsiblemente corresponden a materiales radiactivos utilizados en el ámbito hospitalario.
Desde Verdemar señalan que este marco no aborda ni regula las operaciones militares, lo que deja fuera de cualquier control o supervisión internacional la presencia de submarinos de propulsión nuclear británicos en Gibraltar.
La organización recuerda que desde el año 2000 más de un centenar de submarinos nucleares han atracado en el puerto gibraltareño, incluyendo intervenciones de gran envergadura como la del submarino británico HMS Tireless, que permaneció durante aproximadamente un año en Gibraltar tras una avería en el circuito auxiliar de refrigeración de su reactor. En total, estas escalas habrían supuesto alrededor de 600 días de reparaciones.
El colectivo también apunta a los problemas de mantenimiento que ha afrontado la flota británica en los últimos años, con reparaciones prolongadas, fallos técnicos documentados y saturación en bases navales como Devonport y Faslane. A su juicio, esta situación podría favorecer el uso de Gibraltar como puerto de apoyo para submarinos con incidencias técnicas.
Verdemar advierte de que, aunque los reactores navales cuentan con sistemas de contención, un eventual accidente tendría un impacto potencial significativo tanto para la población como para el entorno marítimo, especialmente debido a los vientos dominantes de la zona y la elevada densidad de población en la comarca.
A su juicio, aunque el tratado contempla mecanismos de notificación rápida y normas de protección civil, no garantiza la seguridad de la población frente a incidentes de origen militar ni permite inspecciones o controles conjuntos por parte de España o de la propia Unión Europea.
Por ello, la organización ecologista considera que la población del Campo de Gibraltar no está plenamente protegida, al no contemplarse medidas como vigilancia radiológica reforzada, protocolos de información inmediata a la ciudadanía o planes de emergencia específicos ante posibles incidentes nucleares derivados de actividades militares.
La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA) ha informado de que, en el marco de sus programas rutinarios de control de calidad del agua, se ha detectado la posible presencia de la bacteria legionela en algunas muestras aisladas recogidas en el ala John Mackintosh, una residencia de la tercera edad y pisos tutelados.
Desde la GHA han señalado que no existe ningún caso humano de legionelosis relacionado con este hallazgo y han insistido en que se trata de resultados preliminares de laboratorio, que todavía deben ser validados y confirmados mediante nuevas pruebas.
Aun así, y como medida de precaución inmediata, se han retirado temporalmente del servicio todos los puntos de suministro de agua que podrían estar afectados mientras se llevan a cabo investigaciones adicionales para confirmar los resultados.
La autoridad sanitaria ha adquirido además suministros alternativos de agua potable, que ya están siendo puestos a disposición para garantizar el funcionamiento seguro de las instalaciones y preservar la comodidad y el bienestar tanto de los residentes como del personal.
De forma paralela, se está realizando un seguimiento reforzado de residentes y trabajadores para detectar cualquier síntoma compatible con la legionelosis, si bien desde la GHA recalcan que no existen motivos inmediatos de preocupación.
La directora de Salud Pública, la doctora Helen Carter, ha explicado que, pese a que no hay casos en humanos y los análisis aún no han sido validados, se está actuando con la máxima cautela. “Las medidas de precaución que se han tomado están diseñadas para proteger a residentes, personal y visitantes mientras la GHA completa sus propias pruebas internas. Si fuera necesario, estamos preparados para investigar el origen y aplicar las medidas correctivas correspondientes. La seguridad de los residentes es nuestra prioridad absoluta”, ha señalado.
El alcalde de San Roque y diputado nacional del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reaparecido públicamente en la Entrevista de la Semana de 8Directo tras varios meses centrado exclusivamente en la recuperación de su hija Irene, que sufrió un grave accidente el pasado mes de diciembre. En la conversación abordó su situación personal, el tratado sobre Gibraltar, las inversiones del Gobierno en la comarca y el clima político ante las próximas elecciones andaluzas, con críticas directas al alcalde de La Línea, Juan Franco, y a su partido, 100×100.
Juan Carlos Ruiz Boix, en 8Directo.
Situación personal: “Mi prioridad es mi hija”
Ruiz Boix explicó que su regreso a la actividad política está siendo gradual porque su prioridad sigue siendo su familia y especialmente su hija. “Irene está en una fase de recuperación… son ya más de 70 días desde el accidente y tenemos pendiente una nueva cirugía. Va mejorando, a un ritmo lento, pero la situación más compleja ya la hemos pasado”, afirmó.
El alcalde reconoció que la situación personal ha afectado a su ritmo de trabajo político. “La cabeza no te funciona bien para las labores habituales, pero poco a poco he ido retomando algunas actividades”, señaló, destacando además el apoyo de su equipo municipal, del grupo parlamentario socialista y del PSOE provincial durante su ausencia.
Pese a su progresiva vuelta a la vida pública, Ruiz Boix dejó claro que su prioridad sigue siendo su familia. “Mi primera ocupación es ser padre, y en este momento mi hija es quien más me necesita”, concluyó, mientras que aseguró que seguirá retomando poco a poco sus responsabilidades como alcalde, diputado y dirigente socialista.
“Un acuerdo histórico” sobre Gibraltar
Uno de los principales temas de la entrevista fue el tratado alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar tras el Brexit. Ruiz Boix, que además preside la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, lo calificó como "histórico" y "positivo".
“Creo que es un acuerdo histórico que permitirá mejorar las relaciones familiares, laborales y económicas entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar”, explicó. Para el dirigente socialista, el elemento más simbólico es la desaparición de la Verja. “El presidente del Gobierno soñó con desmantelar la Verja, algo que ni siquiera muchos vecinos del Campo de Gibraltar habíamos imaginado”, afirmó.
A su juicio, la eliminación de esa barrera permitirá impulsar una “zona de prosperidad compartida” con mayor movilidad de trabajadores y nuevas oportunidades económicas para la comarca. También destacó sobre el acuerdo las convergencias fiscales y regulatorias, además de aplicar estándares europeos en materia medioambiental.
Preguntado por la situación de los trabajadores y las pensiones, uno de los aspectos que más siguen preocupando a los más de 15.000 trabajadores transfronterizos, el diputado socialista señaló entre las "bondades destacadas" del tratado la "igualdad en materia laboral y en materia de pensiones" aunque señaló que tendrá que haber periodos de transición para alcanzar esos procesos.
Sobre las críticas de otros partidos, señaló que ni el PP ni incluso a Vox han dicho que van a votar en contra del tratado. "En el Parlamento Europeo hay una amplia mayoría de la derecha con la extrema derecha y habrá que ver qué es lo que va a votar el Partido Popular Europeo que tanto critica el acuerdo, porque le aseguro que van a votar a favor", dijo. Además, recordó que el texto tiene una cláusula que, en cuatro años, permite a España retirarlo. "Si finalmente gobierna la derecha y la extrema derecha en España, a ver si se atreven a tumbar este buen acuerdo", añadió el representante del PSOE.
Juan Carlos Ruiz Boix, en el plató de 8Directo.
Inversiones del Estado en la comarca
Más allá de las posibles quejas, políticos, empresarios, asociaciones y ciudadanos señalan que para aprovechar el acuerdo sobre Gibraltar y poder alcanzar esa zona de prosperidad se necesitan inversiones, por ejemplo, en formación e infraestructuras. Sobre esto, Ruiz Boix defendió que el Gobierno central ya está impulsando inversiones importantes en el Campo de Gibraltar y recordó el Plan Integral aprobado en 2018.
“Ese plan supone casi mil millones de euros de inversión, con actuaciones en infraestructuras, seguridad y desarrollo económico”, aseguró. El alcalde sanroqueño puso como ejemplo los avances en el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, donde afirmó que el actual Ejecutivo ha invertido más de 400 millones de euros, en contraste con los años de gobierno del PP.
También mencionó la demandada mejora de la autovía A-7 y la carretera a Tarifa. "Actualmente se están desarrollando dos estudios informativos. El primero abarca el tramo entre Algeciras y Los Barrios, donde se trabaja no solo en la construcción de un tercer carril, sino también en una circunvalación de unos 10 kilómetros con varias actuaciones anunciadas por el ministro Óscar Puente en Algeciras. El segundo se centra en el tramo entre Los Barrios y San Roque, donde se prevé la creación de un tercer carril y mejoras en puntos conflictivos de la red nacional, como la zona de El Toril", dijo. Sobre la otra carretera que necesita inversión, la N-340 de Algeciras a Tarifa, reconoció que "está todavía la actuación pendiente" y señaló el problema que supone los "dos parques naturales".
Críticas a Juan Franco y 100×100
Juan Carlos Ruiz Boix se mostró muy crítico con los adversarios políticos, especialmente con el alcalde de La Línea, Juan Franco, por las críticas al tratado sobre Gibraltar y por su proyecto de 100×100 Unidos con el que concurrirá a las elecciones andaluzas. "Ante cualquier cuestión, la que sea, Juan Franco llora y con el acuerdo ha visto una oportunidad para seguir llorando y criticando al Gobierno mientras vemos cómo más de 10 millones de euros al año de los fondos de Diputación son esquilmados de los pueblos de menos de 20.000 habitantes", criticó.
Ruiz Boix también cuestionó su gestión municipal y lo instó a centrarse en los problemas de su ciudad. “Tiene tarea en La Línea. Que se ocupe del mercado de abastos, donde ha expulsado a más de 80 pequeños empresarios tras décadas trabajando allí”, aseguró el alcalde de San Roque, que añadió: "No lo escucho elevar la voz para defender a La Línea frente a la Junta de Andalucía en el tema de la Residencia de Tiempo Libre que han privatizado, en la carretera del Higuerón o en otros incumplimientos del acuerdo con el Partido Popular".
Además, cargó contra el partido provincial de 100×100 que lidera el alcalde de La Línea. "Dijeron que era un partido exclusivo de La Línea, que no querían asesores, que iban a estar ocho años… todas las reglas que aprobaron hace ocho años las han ido desmontando", declaró el socialista, que denunció que la candidata a las elecciones andaluzas de la marca 100×100 ha sido elegida a dedo porque “no ha habido ni asamblea ni urnas”, y que "suman al experimentos alcaldes, algunos de ellos condenados como el de Chipiona".
Elecciones andaluzas
Con la mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas, Ruiz Boix también criticó la gestión del gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. A su juicio, tras más de siete años de gobierno del PP, servicios como la sanidad, la educación o la dependencia han empeorado en la comunidad.
“La sanidad pública en esta comarca está peor, afirmó. El dirigente socialista también denunció retrasos de hasta dos años en la resolución de ayudas de dependencia y criticó el aumento de universidades privadas en Andalucía.
Confió en que su partido, el PSOE, de la vuelta a "las encuestas viciadas que buscan desmovilizar la izquierda" y se mostró convencido de que "María Jesús Montero va a ganar las elecciones andaluzas".
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha enviado hoy una carta al rey Carlos III para comunicarle que el Parlamento de Gibraltar ha acordado por unanimidad solicitar la ratificación del tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar.
Según el gobierno de Gibrltar, Picardo ha informado sobre los avances del tratado siempre que ha tenido ocasión durante el transcurso de las negociaciones. Asimismo, recordó que tanto el Parlamento británico como la Comisión Europea han publicado ya el texto íntegro del tratado antes de su ratificación y firma, con la previsión de que comience a aplicarse provisionalmente el 10 de abril de este año.
Picardo también ha escrito al ministro para Europa, Stephen Doughty, y tiene previsto escribir hoy a todos los líderes de los partidos políticos del Reino Unido para reiterar la postura de Gibraltar antes de que comience el proceso formal de ratificación británico.
Fabián Picardo declaró: “Siempre que he tenido el honor de reunirme con su majestad he procurado ponerlo al día, y me llena de orgullo poder informarle de que el Parlamento de Gibraltar ha respaldado por unanimidad la ratificación del Tratado”.
Detectives del Departamento de Investigación Criminal (Criminal Investigation Department, CID) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), con el apoyo de agentes del departamento de Delitos y Servicios de Protección y del Equipo de Respuesta (Response Team), han detenido en los últimos días a siete menores, todos ellos varones, de entre 14 y 16 años, como presuntos autores de un robo.
La investigación se puso en marcha después de que el 25 de febrero de 2026 se recibiera una denuncia por un robo en una vivienda situada en la zona de Upper Town, donde se informó de la sustracción de bienes valorados entre 20.000 y 30.000 libras.
A lo largo de la última semana, la exhaustiva investigación condujo a las detenciones y a la ejecución de varias órdenes de registro en domicilios de la zona, lo que permitió a los agentes recuperar bienes valorados en aproximadamente 20.000 libras.
La investigación sigue en curso y la RGP recuerda a propietarios e inquilinos la importancia de mantener sus viviendas debidamente protegidas en todo momento, incluso cuando se ausenten durante un periodo breve.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido debe "llevarse y votarse en las Cortes" y ha precisado que su partido lo ha trasladado "muy claramente" a las cancillerías europeas.
Núñez Feijóo, que ha participado este miércoles en un desayuno informativo organizado en Bilbao por Nueva Economía, ha asegurado que el PP ha estudiado el acuerdo sobre Gibraltar, de más de 600 páginas "en inglés", y ha constatado que "el Reino Unido gana y España pierde". "Y Gibraltar se convierte en un territorio de la Unión Europea cuando el Reino Unido ha decidido salirse de la UE", ha añadido.
En opinión del líder del PP, este "no es un acuerdo mixto" de la UE con el Reino Unido. Ha defendido que España "tiene que estar" en ese pacto y que las Cortes validen ese tratado internacional. "Esto ha de llevarse a las Cortes y esto ha de votarse en las Cortes", ha señalado.
Pide que Sánchez y Albares den explicaciones
Además, ha asegurado que, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "tienen que explicar este acuerdo al conjunto de los españoles". "Tienen que detallar en el Congreso de los Diputados, dentro de los 600 folios, cuál es la posición, y después los grupos parlamentarios nos podremos posicionar", ha dicho.
Según ha manifestado, "esto es lo mismo que lo de la política exterior española". "¿Por qué estamos más solos? ¿Por qué ya nadie quiere reunirse con nosotros? ¿Por qué no formamos parte de la mesa donde se decide la posición estratégica de la Unión Europea? ¿Por qué pretendemos utilizar la política exterior como una parte de la política partidista y la política nacional? Esto también forma parte de ese acuerdo con Gibraltar", ha advertido.
El presidente del PP ha asegurado que su partido ha trasladado "muy claramente" a las cancillerías europeas que el acuerdo respecto a Gibraltar "se tiene que ventilar en el Congreso de los Diputados, porque es un acuerdo mixto".
Para respaldar su exigencia ha aludido al momento en el que Francia pidió que el asunto de Andorra fuese un acuerdo mixto y se pudiese discutir en la Asamblea francesa. "Esta es nuestra posición, una posición, en defensa de los intereses de nuestro país", ha concluido.
La organización ecologista Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado que el Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto a Gibraltar, publicado el 26 de febrero de 2026, supone “la desprotección efectiva” de unas 25.000 hectáreas integradas en la Red Natura 2000, especialmente en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental.
Según la entidad, aunque el texto no contiene un capítulo específico sobre fondeaderos, rellenos o bunkering como regulación ambiental directa, sí incorpora disposiciones aduaneras que consolidan y facilitan actividades marítimas de alto impacto en un espacio protegido europeo, sin introducir salvaguardas ambientales adicionales.
Verdemar asegura que el tratado contempla expresamente el suministro de combustible a buques (bunkering) dentro de los procedimientos aduaneros especiales entre Gibraltar y la Unión Europea. En este sentido, permite importar combustible por vía marítima tras completar formalidades aduaneras en un puesto designado de la UE, exportar suministros y combustible a buques con destino a terceros países tras completar los trámites y acoger mercancías bajo regímenes especiales en Gibraltar.
Para la organización, estas disposiciones consolidan y agilizan el bunkering en aguas del Estrecho, una actividad que históricamente ha generado denuncias por riesgo de vertidos, contaminación marina y afección a hábitats protegidos. Asimismo, advierte de que el tratado prioriza la fluidez comercial frente a la protección ambiental al no incorporar mecanismos de control ecológico reforzado en zonas sensibles.
En cuanto a los fondeaderos, Verdemar señala que el acuerdo no establece nuevas zonas ni regula de forma expresa su ubicación, pero tampoco introduce límites o condicionantes ambientales específicos sobre los existentes frente a Gibraltar. Esto, según indica, mantiene la presencia de grandes buques en las inmediaciones de la ZEC y aumenta el riesgo de vertidos y la presión sobre hábitats protegidos.
La organización también denuncia que el tratado no regula ni condiciona los rellenos asociados al proyecto urbanístico conocido como Eastside o Marina Este, parte de los cuales, según sostiene, afectan a la ZEC del Estrecho Oriental, alterando fondos marinos, corrientes y procesos de sedimentación.
Verdemar considera que estas actuaciones podrían vulnerar la normativa ambiental vigente y recuerda que la Audiencia de Cádiz mantiene abiertas diligencias por posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente relacionados con los rellenos y la ocupación de aguas consideradas españolas.
Por todo ello, la entidad afirma que el tratado consolida el régimen aduanero que facilita el bunkering, no introduce límites ambientales específicos a fondeos ni rellenos y no incorpora mecanismos reforzados de protección de la Red Natura 2000.
“La ausencia de salvaguardas ambientales específicas supone una grave amenaza para la ZEC del Estrecho Oriental”, concluye Verdemar, que anuncia que continuará impulsando acciones legales e institucionales para exigir la protección efectiva del Estrecho y el cumplimiento de la normativa ambiental.
El Gobierno de Gibraltar ha convocado al sector minorista y mayorista a una sesión informativa que se celebrará el próximo lunes 2 de marzo a las 18:00 horas en Ince’s Hall, con el objetivo de explicar el contenido del Tratado firmado entre el Reino Unido y la Unión Europea en relación con Gibraltar.
La reunión se enmarca dentro del programa de contactos que el Ejecutivo está manteniendo con la comunidad empresarial tras la publicación del acuerdo y del documento de preguntas frecuentes disponible en la web oficial treaty.gov.gi.
El encuentro se centrará especialmente en las cuestiones que afectan a distribuidores durante el periodo de implementación y transición. Desde el Gobierno señalan que la intención es orientar al sector sobre los próximos pasos y resolver dudas concretas, permitiendo que minoristas y mayoristas planteen directamente sus inquietudes.
A la sesión asistirán el ministro principal, Fabián Picardo; la ministra de Salud, Atención y Empresa, Gemma Arias-Vásquez; y el fiscal general, Michael Llamas.
Arias-Vásquez ha señalado que el sector minorista y mayorista es uno de los más afectados por las disposiciones transitorias, por lo que considera “esencial” mantener un contacto directo y detallado con sus representantes para aclarar las medidas prácticas y explicar el desarrollo de esta nueva etapa.
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha remitido una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la que reitera la petición de que la administración autonómica y los municipios del Campo de Gibraltar formen parte de los órganos de seguimiento del futuro acuerdo.
En la misiva, el Ejecutivo andaluz solicita que la comarca sea declarada Zona de Especial Interés Económico, al considerar que esta figura permitiría corregir desequilibrios estructurales, atraer inversión y reforzar su competitividad.
Asimismo, reclama la puesta en marcha de un plan integral de inversiones que incluya infraestructuras de transporte y comunicación, equipamientos sociales y actuaciones estratégicas que mejoren la conectividad, la capacidad logística y la calidad de vida.
La Junta subraya su disposición a colaborar “desde la corresponsabilidad institucional”, aunque deja constancia de que no ha participado en el proceso negociador pese al impacto directo que cualquier acuerdo tendría sobre el territorio y sus competencias.
