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La entrada en vigor del tratado que regulará la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea, prevista para el 10 de abril de 2026, marcará un hito clave para la comunidad empresarial al establecer un nuevo marco en materia de circulación de personas y mercancías. El acuerdo político alcanzado en 2025 fija una unión aduanera entre la UE y Gibraltar y contempla un régimen transitorio que permitirá a las empresas adaptarse de forma progresiva a la plena aplicación de las normas comunitarias, especialmente en lo relativo a fiscalidad indirecta, controles y cumplimiento normativo, antes de su implantación definitiva.

Acuerdo político

El 11 de junio de 2025, los Gobiernos de Gibraltar, del Reino Unido y de España, junto con la Comisión Europea, anunciaron que habían alcanzado un acuerdo político sobre el tratado que regirá la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea.

En lo que respecta a la circulación de personas, las partes acordaron la implantación de controles fronterizos conjuntos de Gibraltar y del espacio Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Estos controles se llevarán a cabo en estrecha cooperación entre las autoridades de la UE y del Reino Unido/Gibraltar, lo que permitirá la eliminación de todos los controles en la frontera terrestre entre Gibraltar y España.

En materia de mercancías, el acuerdo contempla el establecimiento de una unión aduanera entre la UE y Gibraltar, que facilitará una cooperación más estrecha entre las autoridades aduaneras y supondrá la supresión de los controles sobre mercancías. El acuerdo político también fija los principios de fiscalidad indirecta que se aplicarán en Gibraltar, incluido el tabaco, con el objetivo de evitar distorsiones económicas y contribuir a la prosperidad de toda la región.

Posteriormente, en diciembre de 2025, las partes anunciaron que se había alcanzado un acuerdo definitivo sobre el texto del tratado. En paralelo al proceso negociador, el Gobierno ha venido facilitando a la comunidad empresarial información general sobre el contenido del tratado y sobre las posibles consecuencias de un escenario sin acuerdo negociado. En este contexto, el Grupo Asesor para la Transición Empresarial quedó constituido a principios de 2025. La presente nota, emitida desde el Gobierno gibraltareño con anterioridad a la publicación del texto completo del tratado, tiene como finalidad aportar claridad y certidumbre en varios ámbitos clave para las empresas, en especial en relación con el periodo transitorio que acompañará a la entrada en vigor del nuevo marco normativo.

Disposiciones transitorias sobre mercancías en virtud del tratado

A los efectos de esta nota, todas las referencias a la fecha de entrada en vigor del tratado se entenderán realizadas al 10 de abril de 2026, fecha prevista para su aplicación efectiva y que coincide con la entrada en vigor del Sistema de Entradas y Salidas de la Unión Europea.

El tratado —incluidos el régimen de tránsito, el impuesto sobre transacciones y la aplicación de las normas de la UE— no será de aplicación a las mercancías cuyo movimiento hacia Gibraltar haya comenzado antes de dicha fecha y finalice con posterioridad. Esta exención tendrá una duración de dos meses, durante los cuales dichas mercancías podrán comercializarse en Gibraltar sin estar sujetas al impuesto sobre transacciones, a los impuestos especiales (cuando proceda) ni al cumplimiento de las normas de la UE. Transcurrido ese periodo, solo podrán venderse aquellas mercancías que se ajusten plenamente a la normativa comunitaria.

Asimismo, el impuesto sobre transacciones no se aplicará a las mercancías amparadas por un certificado de exención de derechos de importación emitido conforme al Reglamento 8, Parte 3, del Reglamento sobre el Arancel Integrado de 2017. Esta exención se mantendrá durante la vigencia del certificado o durante tres meses desde la entrada en vigor del tratado, lo que ocurra antes. Una vez superado ese plazo, las mercancías importadas para dichos proyectos quedarán sujetas al impuesto sobre transacciones en el momento de su importación en Gibraltar.

Las mercancías que ya se encontraran en el mercado de Gibraltar antes de la entrada en vigor del tratado no estarán obligadas a cumplir las normas de la UE durante un periodo de tres meses. Finalizado ese plazo, no podrán seguir comercializándose en Gibraltar si no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa comunitaria.

Por otro lado, las mercancías que se encontraran en un almacén aduanero o en una instalación de almacenamiento temporal antes del 10 de abril de 2026 podrán seguir almacenadas conforme a la legislación vigente en Gibraltar, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que sean despachadas del almacén aduanero en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor del tratado, y que el almacenamiento temporal finalice en un plazo de 30 días desde el depósito de las mercancías conforme a la normativa aplicable en Gibraltar.

No obstante, el tratado será de aplicación a la puesta en libre circulación, a la finalización de cualquier régimen especial y a cualquier reexportación desde Gibraltar de dichas mercancías. El nuevo marco normativo también resultará aplicable cuando un operador desee mantener las mercancías en depósito una vez superados los plazos establecidos.

Con el objetivo de ampliar esta información, el Gobierno gibraltareño celebrará una sesión informativa dirigida a la comunidad empresarial el miércoles 4 de febrero, en Grand Battery House, a partir de las 14:30 horas. En dicha sesión se facilitarán más detalles sobre el tratado, que podrán complementarse con futuras notas técnicas u otros canales de comunicación cuando resulte necesario.

El Gabinete Ministerial de Gibraltar ha aprobado el texto del Tratado entre Reino Unido y la Unión Europea que definirá la futura relación del Peñón con el bloque comunitario, en un paso decisivo dentro del proceso negociador iniciado tras el Brexit.

El Ejecutivo gibraltareño ha examinado una versión del documento que aún debe someterse a revisión jurídica definitiva, aunque considera poco probable que dicho trámite introduzca cambios de carácter político en el contenido ya acordado.

Durante las dos últimas semanas, el Fiscal General, Michael Llamas, ha guiado al gabinete a través de las distintas secciones del Tratado y de los documentos asociados en seis sesiones de trabajo prolongadas. Según ha informado el Gobierno, tanto el actual Ejecutivo como el anterior han sido consultados de manera continuada a lo largo de los años de negociación.

En este proceso, el Fiscal General ha liderado los aspectos técnicos del acuerdo, mientras que el Ministro Principal y el Viceministro Principal han asumido las negociaciones en el plano político.

Tras la aprobación del texto, el Gabinete ha autorizado su ratificación, siempre que la revisión legal no altere el significado del documento consensuado. Una vez concluido este procedimiento, el Tratado será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate. La aprobación parlamentaria permitirá al Reino Unido iniciar sus propios trámites de ratificación.

El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha valorado positivamente este avance y ha subrayado que el Gabinete ha dedicado un análisis exhaustivo al documento: “Estoy encantado de que el Gabinete ministerial haya dado luz verde a la ratificación del Tratado. Se celebrará un debate completo en el Parlamento de Gibraltar. Los ministros han analizado minuciosamente el contenido del texto durante seis sesiones extensas y han estado informados de cada paso del proceso negociador”, ha señalado.

La aprobación del Tratado marca un hito clave en la definición del marco jurídico y político que regirá la relación de Gibraltar con la Unión Europea en los próximos años.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar sobre el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto a Gibraltar, tras el Brexit. Albares ha subrayado que se trata de un acuerdo histórico que preserva la soberanía española, asegura la prosperidad de la zona y marca “un antes y un después” para los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar.

Durante su intervención, Albares ha solicitado el apoyo de todos los grupos parlamentarios, especialmente del PP, para que el acuerdo avance con rapidez en la Eurocámara y pueda entrar en vigor cuanto antes. Según ha explicado, la Comisión Europea trabaja ya en la redacción final del texto, que se espera esté listo este otoño, previo al proceso de ratificación en el Consejo, el Parlamento Europeo y el británico.

El ministro ha recalcado que España no renuncia a su soberanía sobre Gibraltar y que “nada en el texto o en su aplicación podrá ser usado para defender posiciones contrarias”. “Ni renunciamos ni renunciaremos nunca a unas demandas que quedan salvaguardadas plenamente”, ha enfatizado.

Albares ha destacado los principales bloques del acuerdo:

Movilidad de personas y mercancías

El pacto contempla la libertad de circulación una vez derribada la Verja, el último muro de Europa continental. La frontera física, erigida por Reino Unido en 1908, desaparecerá, eliminando chequeos y controles tradicionales, pero preservando un espacio Schengen fluido, con agentes de la Policía Nacional en entradas y salidas, incluido el puerto gibraltareño, para garantizar seguridad y confianza jurídica.

Transporte y aduanas

Se garantizará la gestión conjunta del aeropuerto, conectando Gibraltar con otros aeropuertos españoles y de la UE mediante una empresa mixta. El transporte de mercancías será terrestre, revisado por aduanas, con las autoridades españolas realizando todos los trámites. España tendrá acceso a información sobre las mercancías, incluyendo bienes sensibles o militares.

Impuestos y mercado

El acuerdo introduce un nuevo impuesto sobre productos de Gibraltar, incluyendo alcohol, tabaco y gasolina, cuyo tipo mínimo será del 15%, con un mecanismo de revisión que solo permitirá aumentos, nunca reducciones. Actualmente, la mayoría de productos no superan el 6%. Además, se implementarán controles de precios y trazabilidad para evitar el contrabando y distorsiones del mercado.

Derechos laborales y fondo social

Se protegerán los derechos de los 15.000 trabajadores transfronterizos, que representan el 50% del mercado laboral gibraltareño. Se creará un fondo social para garantizar prestaciones, seguridad social, desempleo y jubilación, eliminando desigualdades y facilitando los desplazamientos diarios.

Medioambiente y sostenibilidad

Se incluye un capítulo medioambiental que aborda rellenos, vertidos y desarrollo sostenible, así como la lucha contra el blanqueo de capitales, adaptando la actividad económica a las particularidades de Gibraltar.

Albares ha destacado el trabajo conjunto con los ayuntamientos de la comarca, Mancomunidad, Diputación, Junta de Andalucía y organizaciones sociales y empresariales, con más de ocho reuniones locales y tres sectoriales, asegurando que se atendieron las preocupaciones de la ciudadanía y se buscó consenso.

Críticas parlamentarias

PP y Vox han cuestionado la comparecencia y el acuerdo. Carlos Floriano (PP) ha señalado que “España pierde una oportunidad histórica para avanzar en soberanía” y ha criticado la falta de transparencia y detalle sobre el texto final, asegurando que “el Gobierno ofrece opacidad y claudicación”.

Desde Vox, Carlos Flores Juberías ha denunciado que se permitió la participación del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en la negociación, elevando a un ejecutivo colonial al nivel de representantes de Estados soberanos, y que la ambigüedad sobre soberanía favorece al Reino Unido, reforzada por la integración de Gibraltar en Schengen y la futura unión aduanera.

A pesar de las críticas, Albares ha defendido que el acuerdo “abre una nueva etapa de cooperación, convivencia y prosperidad” y que mantiene “salvaguardadas todas las demandas históricas de España”, contribuyendo a un Campo de Gibraltar próspero y seguro para las futuras generaciones.

Medidas sobre movilidad y control fronterizo

Entre los aspectos más destacados, Albares ha detallado que el acuerdo contempla la libre circulación de personas entre Gibraltar y el espacio Schengen, lo que permitirá eliminar los controles físicos en la actual frontera y sustituirlos por un sistema de control integrado y digitalizado, con personal de Frontex operando bajo la autoridad de España durante un periodo inicial de cuatro años.

Los ciudadanos que entren en el espacio Schengen por Gibraltar serán controlados con medios tecnológicos y bases de datos europeas, igual que en cualquier otro punto fronterizo de la UE. En caso de conflicto o incidencia, la autoridad última recaerá en España.

En materia aduanera, el acuerdo prevé una mayor cooperación en el intercambio de información y control de mercancías, especialmente para prevenir el contrabando, el tráfico de tabaco o el blanqueo de capitales. España tendrá acceso a la información sobre los movimientos de bienes, incluidas las mercancías de carácter sensible o militar, reforzando así la seguridad y la transparencia.

En cuanto al régimen de los trabajadores transfronterizos, se mantendrán sus derechos de movilidad y se simplificarán los procedimientos administrativos para garantizar su acceso al empleo y la seguridad social.

Participación local y cooperación institucional

Albares ha destacado que la negociación ha contado con la participación activa de los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y entidades sociales y empresariales. “El diálogo con el Campo de Gibraltar ha sido constante”, ha recordado, subrayando que ha mantenido múltiples reuniones con alcaldes, la Mancomunidad y colectivos sociales, económicos y universitarios.

El ministro ha recalcado también que de no haberse alcanzado un acuerdo, el Campo de Gibraltar habría sufrido consecuencias negativas, como una mayor congestión fronteriza, perjuicios al puerto de Algeciras y pérdida de derechos para los trabajadores transfronterizos. “Este es un acuerdo que protege a las personas y al territorio”, ha afirmado.

Críticas de PP y Vox: “opacidad” y “oportunidad perdida”

La comparecencia ha estado marcada por las críticas de la oposición, que ha acusado al Gobierno de falta de transparencia y de no haber aprovechado la oportunidad para avanzar en la reivindicación de la soberanía del Peñón.

El portavoz del PP, Carlos Floriano, ha lamentado que “se esté perdiendo una oportunidad histórica que brindó el Brexit para avanzar en el terreno de la soberanía”, y ha acusado al ministro de “opacidad y claudicación”. “El Gobierno de Pedro Sánchez sólo puede ofrecer opacidad y claudicación, mientras que España merece firmeza, dignidad y transparencia”, ha afirmado, calificando al ministro como “el titular de la incompetencia”.

Desde Vox, el diputado Carlos Flores Juberías ha coincidido en que la negociación “brindaba a España la oportunidad histórica de abordar desde una posición de ventaja el viejo contencioso de Gibraltar”, y ha criticado que en las reuniones participara el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, lo que —según dijo— “eleva a un ejecutivo colonial al rango de un Estado soberano”.

El grupo de la ultraderecha ha denunciado además que la “calculada ambigüedad del acuerdo sobre la cuestión de la soberanía” favorece al Reino Unido y que la integración de Gibraltar en el espacio Schengen “refrenda implícitamente su condición de territorialidad británica”.

Una nueva etapa de cooperación

Pese a las críticas, Albares ha reiterado que el texto mantiene intactas las reclamaciones históricas de España y ha defendido que se trata de un acuerdo “fruto del consenso y la diplomacia, y no de la confrontación”.

El ministro ha cerrado su intervención asegurando que este pacto “abre una nueva etapa en las relaciones entre España, Reino Unido y Gibraltar, basada en los valores, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos”, y que contribuirá a un futuro próspero “por el bien de España y de las futuras generaciones”.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha valorado positivamente la reunión mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la sede del Palacio de Diana de Madrid. Durante el encuentro se han abordado los principales asuntos relacionados con el tratado sobre Gibraltar, que afecta de forma especial a la ciudad y que, según ha asegurado Albares, será firmado y ratificado este otoño. La reunión también ha servido para atender una de las grandes inquietudes de los trabajadores transfronterizos: las pensiones, cuya solución se prevé a través de un fondo social en el que ya se está trabajando.

Franco ha agradecido al ministro la celebración de esta reunión “en solitario”, tal y como solicitó el Ayuntamiento, dado que La Línea es, en palabras del propio Albares, la ciudad más afectada por el Brexit en toda Europa.

El alcalde ha subrayado el “magnífico trabajo” realizado por el Ministerio y su equipo para culminar un acuerdo “tremendamente complejo”, que en muchas ocasiones se percibió como lejano. “Gracias al esfuerzo y la negociación estamos ante una oportunidad histórica para solventar muchos de los problemas que arrastra la ciudad desde hace siglos”, ha señalado.

En la reunión, Franco ha entregado a Albares el ‘Memorándum estratégico de La Línea de la Concepción para una integración transfronteriza y sostenible’, un documento político y técnico elaborado con la participación de colectivos como ASTECG, el sector pesquero o la UCA. El texto recoge los principales desafíos del municipio ante este nuevo escenario, entre ellos la cohesión social, la conectividad, la fiscalidad especial o la sostenibilidad medioambiental, y plantea soluciones concretas que el Ayuntamiento considera imprescindibles para garantizar un futuro de desarrollo y bienestar.

Franco ha explicado que entre las cuestiones sociales más urgentes se encuentran las pensiones y la situación de los trabajadores transfronterizos. Para ello, Albares ha asegurado que ya se trabaja en la creación de un fondo social específico. “Es un mensaje de tranquilidad que nos transmite confianza en que se están abordando los problemas que más preocupan a los linenses”, ha indicado.

Asimismo, el alcalde ha resaltado la importancia de que se cumpla el calendario previsto, que contempla la firma del tratado a finales de otoño y la aplicación progresiva de las medidas contempladas. “Me llevo esperanza. Hemos puesto sobre la mesa nuestros retos y oportunidades, y confiamos en que los próximos meses sirvan para avanzar en los objetivos que nos hemos marcado como ciudad”, ha concluido.