Verdemar-Ecologistas en Acción ha solicitado a los eurodiputados españoles que pidan la suspensión de la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar, prevista supuestamente para el próximo 15 de julio, con el objetivo de proteger los intereses ambientales y económicos del Campo de Gibraltar.
La organización ecologista reclama que el acuerdo no entre en vigor “hasta que no se garantice la protección de las aguas, el fin de los rellenos, el control del bunkering y una normativa aplicable equivalente para los puertos de Algeciras y Gibraltar”.
Según ha explicado el portavoz de Verdemar, Antonio Muñoz, el acuerdo “deja muchos cabos sueltos y a la voluntad gibraltareña”, una situación que, a juicio del colectivo, puede tener consecuencias directas sobre el entorno natural de la comarca. “Si no se modifica antes de su entrada en vigor ya no habrá marcha atrás y el precio lo pagaremos todos los que vivimos en esta zona”, ha advertido.
En una carta remitida a eurodiputados españoles, Verdemar ha señalado varios aspectos que considera fundamentales antes de la aplicación del acuerdo. Entre ellos, destaca la situación portuaria, ya que Gibraltar, al no ser miembro de la Unión Europea, no estaría sujeto a las normas EU ETS en las mismas condiciones que puertos como el de Algeciras, lo que, según el colectivo, genera un problema ambiental y de competencia desleal.
La entidad también ha puesto el foco en la protección de las aguas del Estrecho, recordando que Gibraltar no reconoce las aguas adyacentes al Peñón como aguas protegidas por la Unión Europea. Por ello, advierte de que se aplicaría una normativa propia de aguas no pertenecientes a la Red Natura 2000, dejando ese espacio marino “desprotegido”.
Otro de los puntos principales de la denuncia es el fin de los vertidos y rellenos al mar. Verdemar asegura que el acuerdo deja abierta la posibilidad de que Gibraltar continúe realizando rellenos en aguas protegidas, utilizando incluso escombros de obra como material base, una práctica que, según el colectivo, se está llevando a cabo actualmente en la cara este de la costa del Peñón.
Además, los ecologistas consideran imprescindible que el acuerdo establezca un plazo para que Gibraltar cuente con una planta de tratamiento de aguas residuales, al entender que su ausencia favorece los vertidos de aguas sin tratar en el Estrecho.
Finalmente, Verdemar reclama una regulación específica del bunkering, una de las principales actividades económicas del Peñón. La organización denuncia el uso de fondeaderos ilegales y advierte de que, si esta práctica no se regula, continuará desarrollándose “sin ningún tipo de control” y con riesgo de vertidos incontrolados.
Verdemar espera poder mantener encuentros “con la máxima urgencia” con los eurodiputados con los que ya ha venido manteniendo contacto, después de que el Parlamento Europeo admitiera a trámite su petición en el Comité PETI.
El colectivo ha explicado que, aunque la petición sigue su tramitación parlamentaria, los tiempos del Parlamento Europeo y la posible aplicación del acuerdo no están acompasados. Por este motivo, Verdemar ha decidido solicitar apoyo directo a distintos europarlamentarios para intentar incluir una protección medioambiental efectiva antes de la entrada en vigor del acuerdo.
